Antecedentes de la denuncia contra JFSR

Martín Rodriguez [ Huasteca Hoy ]
   SAN LUIS POTOSÍ. Han transcurrido tres años, nueve meses y 8 días, desde que la médico Manuela Grimaldo Carranza, fue detenida en Matehuala, a solicitud de una familia que alegaba agravios, a manos del entonces jefe de la Policía Estatal en la Zona Altiplano, Juan Felipe Sánchez Rocha, y el grupo operativo de la zona Matehuala; hasta ayer, la averiguación previa consignada al penal llevó a la detención del ex jefe policial y tres elementos en activo.
    La denuncia se basa en hechos acontecidos en el municipio de Matehuala los días 16 y 17 de agosto de 2009.
    Los ahora arrestados fueron acusados de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y falsificación de pruebas.
    De acuerdo al expediente 431/09 y el oficio 558/SDAI/2010, Manuela Grimaldo Carranza presentó denuncia ante la Policía Estatal contra quien resulte responsable de abuso de autoridad, difamación y calumnias en contra de su integridad física, la de su familia, bienes materiales y económicos.
    Según la afectada, Sánchez Rocha reaccionó con su detención cuando ella, días antes, presentó una denuncia por el robo de una batería de su camioneta, y a una probable recomendación de “influyentes” que se habrían visto afectados con la querella.
    En su queja ante la SSP, que también hizo extensiva a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la afectada refirió entonces que un día notó que había policías custodiando su casa, acudió a pedir una explicación a la corporación y fue detenida por órdenes directas de Sánchez Rocha.
    Denuncia que el día de la detención sin causa justificada, los agentes pretendían responsabilizarla de presuntos ultrajes a la autoridad, cargo por el que los agentes al mando de Sánchez Rocha, la detuvieron para consignarla ante el Ministerio Público.
    La afectada investigó y halló en el parte informativo 032/JRA/2010, que los policías vigilaban su casa porque las personas que se sintieron aludidas con la denuncia por el robo de una batería, eran parientes de una funcionaria de Marcelo de los Santos Fraga, por entonces gobernador del Estado. Sin embargo, no se pudo confirmar la aparente buena relación de la funcionaria con Sánchez Rocha.
    Fuera del proceso penal, la Subdirección de Asuntos Internos de la Dirección de General de Seguridad Pública del Estado recomendó al entonces secretario de Seguridad Pública del Estado, Enrique Galindo Ceballos, cesar de sus funciones el actual director de Seguridad Pública Municipal de la capital Juan Felipe Sánchez Rocha, por presuntas faltas constitutivas de abuso de autoridad y posible fabricación de pruebas a una detenida.
    En diciembre de 2010, Sánchez Rocha gozaba de un permiso otorgado por la corporación estatal para ausentarse tres años de su trabajo como Comandante de Región de la Zona Altiplano, mientras desempeñaba el cargo directivo municipal desde octubre de 2009.
    Los hechos denunciados ante el Ministerio Público, fueron presentados en un inicio ante la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado; la corporación, entonces al mando de Ricardo González Fernández, resolvió dar de baja a Juan Felipe Sánchez Rocha.
    La denuncia se presentó también ante el Ministerio Público Federal, pero se resolvió remitirla al Ministerio Público del fuero común, que integró la investigación en la Mesa Especializada. Se tardó 3 años en integrar la averiguación previa penal.